El 11 de febrero de 2025, el gobierno de Estados Unidos anunció la imposición de un arancel del 25% a las importaciones de acero y aluminio provenientes de México. Esta medida, promovida por el presidente Donald Trump, ha sido calificada como "injusta" por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien destacó que la decisión carece de fundamentos económicos sólidos y podría afectar severamente a diversas industrias en ambos países.

El impacto de esta política arancelaria no solo representa un desafío para las exportaciones mexicanas, sino que también pone en riesgo la estabilidad del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Actualmente, México es el principal destino de las exportaciones siderúrgicas estadounidenses, con un superávit de más de 6.800 millones de dólares a favor de EE.UU. en este sector. La aplicación de estos aranceles podría generar represalias comerciales y abrir un nuevo capítulo de disputas legales en el marco del tratado.

Desde el punto de vista legal, esta medida podría ser impugnada bajo los mecanismos de resolución de controversias del T-MEC. Las empresas mexicanas afectadas por los aranceles podrían recurrir a instancias como el Panel de Solución de Controversias del tratado, argumentando que la decisión de EE.UU. contraviene los principios de libre comercio y competencia justa. Además, el gobierno de México ya ha adelantado que presentará argumentos ante las autoridades estadounidenses para intentar revertir la medida antes de su entrada en vigor el 12 de marzo de 2025.

El sector empresarial mexicano, especialmente la industria automotriz, siderúrgica y manufacturera, deberá prepararse para escenarios adversos derivados de estos nuevos costos comerciales. En este contexto, la asesoría legal en comercio internacional será clave para mitigar los efectos de la medida y explorar alternativas, como ajustes en las cadenas de suministro o la negociación de tarifas preferenciales en mercados alternativos.

En conclusión, la imposición de aranceles al acero y aluminio de México por parte de Estados Unidos representa un desafío legal y económico de gran relevancia. En los próximos meses, será fundamental seguir de cerca las acciones del gobierno mexicano, las negociaciones diplomáticas y las posibles respuestas legales dentro del T-MEC. Para los abogados especializados en comercio internacional, este es un momento crucial para asesorar a empresas y contribuir a la defensa de los intereses comerciales de México en un entorno global cada vez más complejo.