El pasado 31 de diciembre de 2024, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 21 de la Constitución, con el objetivo de fortalecer la coordinación entre los tres niveles de gobierno en materia de seguridad pública. Esta modificación busca mejorar la estrategia nacional de prevención del delito, asegurando una mayor colaboración entre las instituciones encargadas de la procuración de justicia y el orden público.

La reforma establece mecanismos más claros para la articulación de esfuerzos entre la Federación, los estados y los municipios, con el fin de hacer más eficiente la aplicación de políticas de seguridad. Además, se refuerzan las facultades del Ministerio Público en la investigación de delitos, permitiendo un actuar más ágil y efectivo en la persecución del crimen.

Uno de los puntos clave de la reforma es la regulación de la colaboración entre cuerpos de seguridad estatales y municipales con la Guardia Nacional, con el propósito de garantizar un esquema de trabajo unificado que evite vacíos legales y operativos. También se prevé una mejora en la capacitación y profesionalización de los elementos de seguridad pública, así como en la recolección y uso de datos en investigaciones criminales.

Este cambio constitucional responde a la creciente necesidad de fortalecer el marco jurídico de la seguridad en México, considerando los desafíos actuales en materia de crimen organizado y violencia. Expertos en derecho han señalado que, si bien la reforma representa un avance en la coordinación interinstitucional, su efectividad dependerá en gran medida de la correcta implementación de sus disposiciones.

Para los abogados especializados en derecho penal y constitucional, esta reforma implica un ajuste en la manera en que se interpretan y aplican las normativas en materia de seguridad pública. La actualización en el conocimiento legal es clave para brindar una asesoría adecuada tanto a ciudadanos como a instituciones que interactúan con los cuerpos de seguridad del Estado.